El Gobierno propone una reforma en las bajas laborales para facilitar la reincorporación flexible
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha presentado este jueves un plan para modificar las bajas laborales, también conocidas como “incapacidad temporal”, con el fin de permitir una reincorporación más flexible en determinadas circunstancias. Este cambio, explicó Saiz, se llevará a cabo siempre bajo la premisa de la voluntariedad y priorizando la salud y seguridad de los empleados.
En un evento organizado por Nueva Economía Forum, la ministra mencionó situaciones como la de un trabajador que está recuperándose de un tratamiento oncológico y quiere reincorporarse a su puesto de trabajo de forma gradual, o casos de pluriactividad, donde la baja médica impide desempeñar una de las ocupaciones pero no necesariamente otras. En estos contextos, las asesorías laborales podrían ser clave para ayudar a los trabajadores a gestionar su retorno al empleo, sobre todo en regiones como Asturias, donde el tejido empresarial es diverso.
Saiz comparó esta medida con las recientes reformas en el ámbito de las pensiones, que han dado más opciones a quienes buscan compatibilizar empleo y jubilación. “Antes las opciones eran muy limitadas, pero queremos abrir el abanico de posibilidades para que las personas no tengan que elegir entre estar de baja o totalmente de alta”, explicó.
Además, señaló que la reforma se llevará a cabo a través de un grupo de trabajo en el marco del diálogo social y en colaboración con los agentes sociales, buscando siempre el consenso. Este diálogo también será clave para las asesorías y gestorías en Gijón y otras localidades que deben adaptar sus servicios a las nuevas normativas.
Respuesta de los sindicatos
Los sindicatos CC.OO. y UGT han manifestado su preocupación por la forma en que se ha anunciado la reforma, pidiendo al Gobierno que presente propuestas más concretas. Carlos Bravo, responsable de Protección Social de CC.OO., declaró que los trabajadores no deben estar ni un día más de baja de lo necesario, pero tampoco un día menos.
Por su parte, Cristina Estévez, de UGT, subrayó la importancia de que los empleados reciban la atención médica adecuada en el momento oportuno. Este es un ámbito en el que las asesorías laborales en Asturias juegan un papel crucial, especialmente en regiones donde la atención a los trabajadores y el cumplimiento de la normativa es una prioridad para las empresas locales.
Sin embargo, la propuesta del Gobierno ha generado una fuerte crítica desde Podemos. Irene Montero, eurodiputada de la formación, afirmó en la red social X que la medida es una “barbaridad” que podría obligar a los trabajadores a reincorporarse a sus empleos aunque estén enfermos. Montero añadió que en lugar de recortes de derechos, lo que se necesita es más protección para los trabajadores, un tema clave para las gestorías en Gijón, encargadas de defender los derechos laborales de sus clientes.
Postura del Ministerio de Sanidad
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha sido enfática al recordar que las bajas médicas son decisiones que competen exclusivamente al personal sanitario. Durante una entrevista en el programa Hora 25 de Cadena SER, García sostuvo que aunque en algunos casos puede ser beneficioso permitir una reincorporación gradual, cualquier medida que ponga en riesgo la salud de los trabajadores o les someta a presiones no será aceptada. Las asesorías laborales deberán estar al tanto de estas reformas para asegurar que los derechos de los trabajadores sigan siendo respetados.
Nuevas negociaciones con los autónomos
Saiz también anunció que el próximo lunes 7 de octubre se abrirá una nueva mesa de diálogo con los autónomos para avanzar en el sistema de cotización por ingresos reales. Este es un aspecto que muchas asesorías laborales en Asturias y gestorías en Gijón ya están observando de cerca, dado el impacto que tendrá en la regulación de los trabajadores por cuenta propia. Además, la ministra subrayó el buen estado de las finanzas del fondo de pensiones, que cerrará el año con más de 9.000 millones de euros y podría alcanzar los 25.000 millones al final de la legislatura.
Fuente: RTVE.